Crisis argentina. De la inacción a la acción
Por Andrés Marcelo Carrea
La economía argentina atraviesa uno de los momentos más delicados de las últimas décadas. Tasas de interés en niveles que imposibilitan el crédito productivo, reservas del Banco Central en terreno negativo, dólar en el techo de las bandas fijadas por el FMI, riesgo país por encima de los mil puntos y una actividad económica en caída libre. La construcción se derrumbó un 21,1% entre noviembre de 2023 y junio de 2025, la industria retrocedió 4,6% en el mismo período y el consumo en los supermercados se hunde mes a mes, llevando una caída del 16,2% desde Julio del 2024 al mismo mes del 2025.
El único alivio, si se lo puede llamar así, es que la inflación mensual se mantiene por debajo del 2%, pero lo cierto es que, más que un logro de la política económica, es el reflejo de un mercado deprimido donde las ventas no repuntan y los precios no tienen margen para seguir subiendo, dado que el poder adquisitivo del sector asalariado con paritarias por debajo de la inflación, las jubilaciones pisadas y una economía informal que crece y reúne a más hombres y mujeres que pierden sus empleos en la economía formal.
Tampoco es un dato menor el problema de la deuda externa que pasó de 370.673 millones de dólares en el tercer trimestre de 2023 a 473.561 millones de dólares en el primer trimestre de 2025, con el agravante de que un número importante se le debe al FMI, lo que implica un límite a nuestra soberanía económica. Con ese incremento de los pasivos externos y sin dólares en el BCRA, fácil es concluir que, en el contexto actual, esa deuda es impagable. (al borde del default).
En este escenario, marcado además por una creciente conflictividad social, el plan de ajuste de Caputo y Milei muestra señales de agotamiento, es que ya no solo afecta a los trabajadores, excluidos y jubilados, poco a poco se han ido incorporando las clases medias y algunos empresarios pequeños y medianos, afectados no solo por la caída del consumo sino también por el aumento de productos importados. Cada vez más voces reclaman un cambio de rumbo, donde el Estado vuelva a tomar protagonismo en el diseño, desarrollo e implementación de políticas económicas que apuesten a la reactivación mediante inversión pública, protección social y crédito productivo.
El diagnóstico: espiral de recesión y ajuste
La lógica es clara. Al caer el consumo, se desploma la actividad productiva, baja la recaudación y el círculo se retroalimenta con más ajuste. Con salarios reales deteriorados, el empleo en retroceso y un sector informal cada vez más empobrecido, la economía no encuentra piso.
A esto se le suma un crédito estrangulado, por lo que las PYMEs no logran refinanciar capital de trabajo y aumenta el riesgo de entrar en mora. Sin obra pública, sin crédito y con tasas de interés que ahogan, la parálisis se profundiza. El fantasma del default o de un nuevo corralito se cuela en conversaciones de diversos sectores.
La propuesta: un shock de Bienestar
Hoy pareciera que el Estado fuera un actor pasivo de éste modelo, y que nada hace, pero a poco que se analice su papel, podemos afirmar que no es así, su rol actual es generar el marco adecuado para que la actividad más lucrativa sea la especulación financiera. Conociendo el valor del dólar, altas tasas de interés, se generan jugosas ganancias, sin hacer absolutamente nada (carry trade), Con ese esquema, ¿Para que arriesgar en una inversión productiva? Ante ello debemos considerar seriamente que el Estado vuelva a adquirir un rol activo y anticíclico para sacar a la economía del letargo. No se trata de despilfarrar dinero, sino de orientar recursos de manera precisa hacia los sectores con mayor impacto social y multiplicador económico.
En principio, los ejes serían cinco:
- Blindaje social inmediato: aumentos extraordinarios en asignaciones, jubilaciones mínimas y programas alimentarios, junto con un plan de medicamentos críticos y una canasta de precios esenciales.
- Empleo rápido: programas de trabajo intensivo en municipios (mantenimiento escolar, obras de agua y cloacas) y subsidios parciales a las contribuciones patronales para evitar despidos en PYMEs.
- Obra pública estratégica: reactivar proyectos paralizados y con un grado importante de avance, priorizando escuelas, hospitales, viviendas, calles y rutas claves.
- Crédito productivo: líneas blandas a través de la banca pública con garantías del Estado para financiar capital de trabajo de PYMEs y evitar el corte en la cadena de pagos.
- Paritarias con gatillo: acuerdos salariales que permitan recuperar poder adquisitivo perdido, acompañados por un sendero de aumento del salario mínimo.
- Analizar el asunto de la Deuda Externa: (tema que merece ser tratado en un artículo aparte).
El financiamiento: progresividad y eficiencia
El plan prevé un ordenamiento fiscal, pero no sobre la base del ajuste ciego. La propuesta se apoya en recaudación progresiva: combatir la evasión, revisar exenciones impositivas regresivas y captar parte de las rentas extraordinarias de sectores exportadores.
La meta sería, no volver al déficit descontrolado, sino acercarse al equilibrio primario en un breve plazo, pero con una economía creciendo y con más empleo. La ecuación es fácil de explicar, al aumentar la actividad económica, crecen los ingresos de la gente, aumento el consumo, por lo tanto, también aumenta la recaudación impositiva. A modo de ejemplo, el estado recibiría el 21%, solo con el IVA.
Gobernabilidad y transparencia
No se ignora la necesidad de credibilidad. Por eso propone la creación de un Consejo Económico y Social de Emergencia con participación de sindicatos, pymes, provincias y universidades, cuyas actas sean públicas. Además, auditorías externas en obra pública y un tablero ciudadano con indicadores mensuales de inflación, salario real, empleo, pobreza, crédito y reservas.
La idea central es simple: si el sector privado frena, el Estado debe acelerar. No para siempre, sino hasta que la economía vuelva a encender su motor. La Argentina necesita recomponer salarios, sostener la demanda y dar certidumbre.
El fracaso del ajuste abre paso a un nuevo paradigma. Un giro hacia un Estado de Bienestar puede ser la llave para salir de la parálisis y evitar que la crisis derive en un colapso social y financiero aún mayor.