VIOLENCIA OBSTÉTRICA, SILENCIO JUDICIAL

Por Azul Dragone

El mandato de la maternidad no es solamente el deber de las mujeres cis de tener bebés y bien-utilizar su útero, sino también, castigar moralmente a quienes no desean hacerlo y judicialmente a quienes, ya sea por su propio deseo, por mala práxis o naturalmente, abortan. Pero ¿qué sucede cuando la violencia es ejercida por el sistema de salud hacia una madre deseante de serlo, que termina con graves afectaciones neurológicas producto de dichas violencias?

Hemos hablado reiteradas veces del derecho de las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros deseos, maternidades, gestaciones, partos, crianzas y demás. Hoy la noticia es que, una vez más, una mujer es desoída por la justicia ante el sufrimiento de la violencia obstétrica.

Paula Pisak, oriunda de la provincia de Misiones, tenía 25 años en 2004, cuando fue a dar a luz a su primera hija. Un médico, varón, Sergio López Antrio, decidió hacerle una cesárea que no estaba en los planes de parto de Paula; pero obviamente las decisiones del profesional son más válidas que la de la mujer por parir. Ella declaró que su obstetra “llegó cansado, casi a medianoche, y en lugar de esperar que hiciera trabajo de parto, me quiso hacer una cesárea.” Debido a múltiples violencias sufridas, debió ser derivada de urgencia a un hospital, donde permaneció en coma y, al despertar, estaba hemipléjica y sorda. Estuvo 1 año sin poder caminar.

Paula exige justicia hace 22 años. Inició una causa por daños y perjuicios contra el equipo médico y la clínica privada a los que acusa de mala praxis en contexto de violencia obstétrica. En 2018, otra joven, Yanina Da Silva de 24 años, falleció luego de ser sometida a una cesárea en la misma clínica con el mismo médico.

Detrás de la alta tasa de cesáreas operan lógicas de mercado y una priorización de los tiempos médicos por sobre los tiempos fisiológicos. Por supuesto, nadie discute que la cesárea es una intervención vital y necesaria ante urgencias o riesgos de vida; el problema radica en su uso desmedido. En Argentina, la tasa global ronda entre el 40% y el 50% de los nacimientos —triplicando el rango del 10% al 15% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS)—, y trepa hasta cifras alarmantes del 70% al 75% en el sector privado.

Lejos de ser un procedimiento inofensivo, la cesárea innecesaria expone a las madres y a los recién nacidos a riesgos evitables y sobrecarga al sistema de salud. Entre las complicaciones más frecuentes se encuentran la prolongación de la internación materna y las dificultades respiratorias neonatales, además de secuelas graves en embarazos posteriores como rotura uterina, trastornos placentarios o la necesidad de una histerectomía (que, en casos extremos, pueden derivar en discapacidad permanente o mortalidad). Por este motivo, tanto la OMS como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) enfatizan que esta práctica debe reservarse exclusivamente para indicaciones médicas estrictas.

La ley  26.485 de protección integral contra las violencias hacia las mujeres expresa que la violencia obstétrica es “aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos  de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, de conformidad con la Ley 25.929 de Parto Respetado”. Aún así, con leyes y todo, la justicia es lenta para reconocer lo que, a la vista esta, la violencia obstétrica existe y debe ser condenada.

El 16 de abril de 2026, la Cámara de Apelaciones confirmó una sentencia favorable que reconoció la responsabilidad de los profesionales y de la institución intervinientes, así como la violencia obstétrica sufrida. Sin embargo, una nueva apelación de la obra social provincial (IPS) dejó la causa en manos del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, que deberá recibir la carta y accionar.

Este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de Todas las Formas de Violencia Contra las Mujeres, organizaciones feministas y agrupaciones de DDHH de todo el país irán hacia Misiones para hacerles llegar una carta al Tribunal Superior de Justicia de Misiones y exigir que se dicte una sentencia por el caso de Paula. Desde Neuquén, y Radio Megafon, acompañamos y ¡exigimos justicia por Paula y por todas las víctimas de violencia obstétrica!

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