Por Gimena González Eastoe

En las últimas semanas volvimos a escuchar lo mismo, una y otra vez: jóvenes con armas en escuelas, consumos problemáticos, suicidios, ausentismo, chicos que “no quieren nada”, generaciones perdidas.

Cada hecho aparece como un escándalo aislado. Cada noticia irrumpe con urgencia, con impacto, con miedo. Y, sin embargo, todas parecen formar parte de una misma escena.

La pregunta es inevitable: ¿estamos frente a problemas distintos… o estamos mirando mal el problema?

Sin ánimos de sumar otro diagnóstico más, este texto busca ordenar algunas ideas que me atraviesan como adulta, docente en contexto de encierro y militante política. No para cerrar respuestas, sino para incomodar algunas certezas.

No es violencia escolar

Hay algo que necesitamos empezar a nombrar de otra manera. No es violencia escolar. Es violencia social que se hace visible en la escuela.

Y no es un detalle menor. Porque cuando decimos “violencia escolar”, encerramos el problema dentro de la institución. Lo recortamos. Lo reducimos. Y entonces, también reducimos las respuestas.

Si el problema es la escuela, la solución parece ser más control, más sanción, más seguridad.

Pero si entendemos que la escuela no es el origen sino el lugar donde esa violencia irrumpe, entonces la discusión cambia. Se vuelve más incómoda, más compleja, más colectiva.

La violencia no empieza en la escuela. La escuela es donde ya no se puede esconder.

La violencia se aprende

Las niñeces y las adolescencias no inventan la violencia. La aprenden, la ven, la padecen, la acumulan… y la expresan como pueden. Nadie puede gestionar emociones que nunca le enseñaron a nombrar.

En las aulas no vemos “chicos violentos” en abstracto. Vemos jóvenes atravesados por condiciones de vida cada vez más difíciles, por la incertidumbre, por la falta de horizonte, por la intensidad emocional sin herramientas para tramitarla.

Y también vemos adultos —familias, instituciones, sociedad— que muchas veces tampoco tienen esas herramientas.

Se suele preguntar dónde están las familias. Pero pocas veces se pregunta en qué condiciones están esas familias. Cuánto tiempo tienen. Cuánta carga sostienen. Cuánto pueden acompañar cuando la vida cotidiana está atravesada por la urgencia.

La escuela como último sostén

A la escuela se le pide todo. Y cuando digo a la escuela me refiero a todas las personas que la hacemos, la sostenemos, la militamos, la laburamos.

Que enseñe, que contenga, que detecte problemas de salud mental, que reemplace ausencias, que forme en valores, que prepare para el trabajo, que acompañe trayectorias de vida. Y mientras tanto, las condiciones materiales de existencia se deterioran.

La escuela no produce esa violencia. Pero la recibe todos los días.

Las soluciones que no alcanzan

Frente a estos escenarios, aparecen respuestas rápidas que tranquilizan, pero no resuelven. Hablamos de prevención… y pensamos en detectores de metales.

Queremos detectar armas, pero no sabemos detectar angustia, abandono, violencia previa.

No existen dispositivos capaces de identificar todo lo que falta. Entonces nos enfocamos en los objetos y no en las personas. Y cuando nos enfocamos en las personas lo hacemos buscando responsables individuales.

Gestionamos riesgos. Contenemos síntomas. Pero no abordamos las causas.

¿Alcanza con políticas de prevención como apoyo psicológico, mediación escolar, trabajar con las familias? – ¿Qué posibilidades tienen esas familias de tomar estas herramientas cuando su mente y cuerpo están en la supervivencia?

El retorno del punitivismo

En este contexto, vuelve una discusión conocida: bajar la edad de imputabilidad. Es que, aunque el tratamiento sea distinto en los medios de comunicación se forja una idea central: los jóvenes son peligrosos.

Frente a hechos que generan miedo, la respuesta parece evidente: más castigo, más control, más sistema penal.

Sin embargo, hay datos que rara vez aparecen en el debate público: los delitos graves cometidos por adolescentes representan una proporción mínima.

Pero la discusión no se construye sobre evidencia. Se construye sobre percepciones, sobre impacto, sobre miedo.

Los medios no solo informan. Construyen sentido. Amplifican ciertos hechos, repiten imágenes, instalan la idea de que el peligro está en los jóvenes.

Y así, el sistema penal aparece como respuesta natural a un problema que en realidad es social.

Mientras discutimos cómo castigar antes, hay una pregunta que queda sistemáticamente afuera: ¿qué hace el Estado para que ese “antes” no exista? ¿Qué pasa con las políticas públicas de acompañamiento? ¿Con la salud mental, la educación, las redes de cuidado?

Cuando hablamos de Estado no hablamos de una abstracción. Hablamos de un proyecto político que debería organizar y dar sentido a las instituciones, articulando responsabilidades desde el nivel más alto de decisión hasta el territorio más concreto.

En un contexto de ajuste y desfinanciamiento impulsado por el gobierno de Javier Milei, muchas de esas herramientas se debilitan o desaparecen.

Y eso también es violencia. Una violencia menos visible, menos espectacular, pero profundamente eficaz: la que deteriora la vida cotidiana.

No todos los jóvenes son mirados igual

Hay otro punto que resulta imposible ignorar: no todos los jóvenes son tratados de la misma manera.

Cuando el que comete un delito es un pibe de sectores populares -marrón-, la respuesta parece inmediata: cárcel, castigo, mano dura.

Cuando se trata de un joven de clase media-si es que eso aún existe- o alta, la conversación cambia. Aparecen las preguntas por la salud mental, el entorno, el acompañamiento, los cuidados.

No cambia el hecho. Cambia la mirada sobre quién lo comete.

Algunos jóvenes son construidos como sujetos de derecho. Otros, directamente, como sujetos de castigo.

La trampa de la salud mental

Incluso cuando aparece el discurso de la salud mental, muchas veces funciona como una forma de individualizar el problema. “El chico tenía problemas”, “estaba mal”, “es un caso aislado”.

Y así, una vez más, el foco se desplaza hacia el individuo. Se patologiza. Se estigmatiza. Se aísla el caso.

Y se evita discutir lo estructural. La salud mental no puede pensarse por fuera de las condiciones de vida, de los vínculos, de las oportunidades, de las políticas públicas.

Advierto en este punto algo que me asusta; si la opinión pública se construye sobre el supuesto de que las personas que padecen algún problema de salud mental son “peligrosas” entonces vamos allanado el camino para el retorno al encierro.

Datos que incomodan

Hay algo más que no podemos dejar afuera de esta discusión.

En Argentina, el suicidio viene creciendo de forma sostenida y ya es una de las principales causas de muerte violenta. En 2024 se registraron más de 4.200 casos: una muerte cada dos horas.

Pero cuando miramos a las adolescencias, el dato es todavía más duro: en el país se suicida al menos un joven por día.

Y por cada suicidio consumado, hay muchos más intentos.

No estamos hablando de casos aislados. Estamos hablando de una tendencia.

Entonces la pregunta —incómoda, pero necesaria— aparece sola:

¿De verdad no estamos pudiendo ver que hay jóvenes que prefieren morir antes que vivir en esta realidad?

No como consigna. No como exageración. Como pregunta política.

Porque cuando el sufrimiento se vuelve insoportable, cuando no hay horizonte, cuando no hay palabras, cuando no hay red… la salida deja de ser individual.

Y sin embargo, insistimos en leerlo como algo individual. Decimos “tenía problemas”, “algo le pasaba”, “es un caso particular”.

¿De verdad es individual? ¿O estamos frente a una forma extrema de malestar social que no estamos sabiendo —o queriendo— nombrar?

Mientras avanzan, a nivel global, discursos cada vez más punitivos, crueles y deshumanizantes, muchas veces quedamos atrapados en diagnósticos que no construyen salida.

Nos señalamos. Nos diferenciamos. Nos explicamos entre quienes ya estamos de acuerdo.

Y mientras tanto, se debilita algo central: la capacidad de construir sentido común con otros, de dar discusiones que amplíen derechos, de proponer horizontes posibles.

Tal vez el desafío no sea solo entender lo que pasa, sino animarnos a intervenir de otra manera.

Porque la discusión no es a qué edad se castiga. La discusión es qué lugar tienen las juventudes en la sociedad que estamos construyendo. Y, sobre todo, qué estamos dispuestos a hacer para que ese lugar sea otro.